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Blog Post La ley de morosidad no se cumple.


Feb

11

2014

La ley de morosidad no se cumple.

morosodentroUno de los efectos más perversos de la crisis es tener que  trabajar a cualquier precio y cobrar cómo, cuándo y dónde quiere el cliente.

A estas alturas todo empresario sabe, y tú como emprendedor debes saber, que existe La Ley 3/2004 que nació con el espíritu de atajar los dilatados periodos de cobro a los que se sometía a las empresas por parte de los clientes más potentes y de las Administraciones Públicas.

En este momento los plazos legales de pago son 60 días para el tráfico entre empresas privadas  y de 30 días para las Administraciones Públicas:

SUJETO PAGADOR

Hasta el 31/12/2010

2011

2012

2013

Empresas privadas

85 días

75 días

60 días

Administraciones Públicas

55 días

50 días

40 días

30 días

Administraciones Públicas con Empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor

120 días

90 días

60 días

Transacciones de alimentación frescos y perecederos

30 días

La Ley es tajante en cuanto al cumplimiento de los plazos y establece un sistema de intereses de demora e indemnizaciones, pero no incluye medidas sancionadoras ni inspectoras al respecto, mientras se articulan otras normas tan complejas como el IVA de caja del que hablamos el otro día.

Diez años después de la Ley, con la crisis por el medio, sigue habiendo plazos de pago a 90 y más días, y la propia Administración es poco vigilante con la Ley.

Rescatamos aquí un artículo del 8 de febrero de la Agencia Efe, con Pere Brachfield, prestigioso experto en morosidad en el que señala que España sigue siendo un paraíso para el moroso profesional:

Madrid, 8 feb (EFE).- España es un “paraíso” para el moroso profesional (el que no paga con intencionalidad), una práctica que ha arrastrado a un tercio de las 500.000 empresas que se han visto abocadas al cierre desde el comienzo de la crisis en España en 2008, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

En una entrevista con EFE, el director de la PMcM y autor del libro “Análisis del moroso profesional”, Pere Brachfield, ha examinado en profundidad, desde una perspectiva crítica, con ironía y sentido del humor, la figura de deudor experto en el “escaqueo”. Para Brachfield, uno de los motivos de que esté tan extendida esta práctica es que los proveedores “lo consienten” y no exigen intereses de demora ni presentan una reclamación judicial “con tal de vender y conservar a sus clientes”.

Existe una Ley de Morosidad pero “faltan medidas coercitivas y penalizaciones” para hacer que se cumpla, a lo que se une una legislación “que protege al deudor”, ya que la mayoría de artículos del Código Civil “se inclinan a su favor”, asegura Brachfield, quien ha sido cobrador de morosos durante más de 30 años y ha lidiado personalmente “con más de 100.000”. Para este “morosólogo” dedicado a realizar investigaciones sobre la morosidad, existen tres grandes tipos de deudores: el sobrevenido, que quiere pagar pero no puede; el intencional, que puede pagar pero no quiere, y el “hakuna matata”, que se despreocupa y se endeuda tan “alegremente” que no se entera de que está rebasando su límite.

La crisis económica ha acelerado la proliferación de los tres, ya que “queda menos dinero en manos de empresas, Administraciones Públicas y particulares”, lo que ha generado una reacción de morosidad “en cadena”. Brachfield señala que la morosidad que está más controlada es la de las entidades bancarias, aunque cree que los 200.000 millones euros que en el mes de noviembre el Banco de España declaró oficialmente como morosos se verán rebasados y seguirán subiendo “hasta 6 meses después de que se recupere la economía y comience a bajar el paro”.

A esto se suman varios “agravantes” como los 50.000 millones de euros que se han traspasado a la Sareb, las refinanciaciones de los bancos o las reestructuraciones, que podrían hacer que, finalmente, la morosidad bancaria alcanzara los 300.000 millones. De los 200.000 millones, el especialista en recobro de impagos apunta que sólo unos 30.000 millones pertenecen a deudas de las familias por hipotecas, mientras que inmobiliarias, promotoras y constructoras deben 85.000 millones, por lo que el gran moroso no es “el pobre padre de familia” que no puede pagar la hipoteca, sino “los profesionales del ladrillo.”

En el caso de las Administraciones Públicas, desde principios de 2013 están obligadas a pagar a 30 días y, excepcionalmente, a 60, pero el promedio del año pasado, según datos estimados de la PMcM, está entre 150 y 160 días.En esa línea, el morosólogo denuncia que con los planes de proveedores, las administraciones no están pagando el 8,25 % de interés que exige la ley para todo moroso “ya sea una empresa privada, un ayuntamiento o el Estado”, por lo que cree que son “parches puntuales” para paliar una situación “gravísima” como es la “falta de liquidez” del sector público.

Y en cuanto a quién es más moroso, si las empresas privadas o las administraciones públicas, Brachfield no lo tiene claro, pero sí afirma con contundencia que es más grave que lo sean las segundas “porque forman parte del Estado” y si no cumplen con la ley, hay una “quiebra del estado de derecho”.Los últimos datos de la PMcM revelan que el ratio de morosidad de las empresas españolas (impagos a proveedores frente a facturación) aumentó de un 5,1 % en 2011 a un 7,1 % un año después.¿Y quién es la principal perjudicada por ello? La pyme, aquella empresa que “no tiene músculo financiero” para hacer frente a los impagos.

Por todo ello, Brachfield cree que la única solución para acabar con la morosidad es que haya “voluntad política”, algo que, poco a poco, se está consiguiendo.Un ejemplo: A instancias de la PMcM, CiU ha presentado en el Congreso una propuesta de ley para poner en marcha un régimen sancionador.

Pues que venga ya ese régimen sancionador, ¡Qué se cumpla la Ley¡ . Como emprendedor, que sepan que lo sabes.

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